El Pais 2 Nov 2012
Los
españoles vivieron inicialmente la actual crisis económica como una especie de tsunami:
algo imprevisto, súbito y devastador. Luego, tras tomar gradualmente conciencia
de la catastrófica situación resultante, concluyeron que el país había quedado
tan dañado y empobrecido que tardaría muchos años en recuperarse. Y eso empezó
a dar gradualmente paso, en el ánimo colectivo, a un sentimiento nuevo y
crecientemente detectable en los sondeos: irritación, y aun cólera, ante la persistente total impunidad
de todos los que provocaron el actual drama colectivo, o lo permitieron o de él
sacaron provecho.
Los
ciudadanos soportan cada vez peor —los datos de opinión son cada vez más
rotundos— que el Gobierno tenga que dar sucesivos, y al parecer inacabables,
giros de tuerca en los recortes de prestaciones y en las subidas de impuestos,
en gran medida como consecuencia del dinero público que fue preciso bombear a
determinadas instituciones financieras mal gestionadas y expoliadas sin que, a
cambio, se haya exigido reparación alguna a quienes las condujeron a tan
crítica situación.
Pero hay
una línea roja que la ciudadanía no parece dispuesta a permitir,
resignadamente, que se traspase: la que delimita a la Sanidad Pública tal y
como hasta ahora ha venido funcionando. Una reciente encuesta de Metroscopia
mostraba que dos de cada tres españoles creen preferible que se deje quebrar
los bancos y cajas que se hayan hecho merecedores de ese final antes que dañar
nuestro actual sistema público de salud. Este constituye un intenso motivo de
orgullo nacional, la auténtica joya de nuestra corona institucional. Y en este
tema la ciudadanía sabe de lo que habla: el 69% de todos los españoles utiliza
solamente la sanidad pública; un 24% utiliza tanto la sanidad pública como la
privada, según los casos; y solo un 7% utiliza exclusivamente la sanidad
privada.
Los datos del actual sondeo son inequívocos: el 92% de toda la población
española evalúa de forma claramente positiva la preparación y competencia de
los médicos y del personal de enfermería de los centros públicos; un 90% evalúa
también así la atención hospitalaria que reciben los enfermos; en caso de
urgencia o emergencia, un 71% preferiría acudir —si le diesen a escoger— a un
hospital público antes que a uno privado; y en caso de una operación —grave o
no—, más del 70% seguiría optando por el hospital público. ¡Y esto lo dice
incluso la mayoría (el 54%) de quienes solo utilizan la sanidad privada!
La privatización de la gestión de los hospitales públicos despierta
un recelo claramente mayoritario tanto entre quienes solo utilizan la sanidad
pública como —significativamente— entre quienes acuden únicamente a la sanidad
privada. Ni unos ni otros creen que con esa gestión privatizada se vaya a
mejorar el sistema sanitario, ni las listas de espera ni los medios técnicos ni
el material, ni la atención médica ni los tratamientos.
El mensaje ciudadano parece claro: dejen la sanidad
pública así, no experimenten con ella, no la toquen. Al precio que sea.
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